Introducción

El presente modelo de prevención de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo se ha establecido conforme las disposiciones de la ley 20.393 y busca implementar una forma de organización corporativa que evite la comisión de estos y otros delitos por parte de algunos de los integrantes de la empresa.

En el caso de Grupo Aguas, da cuenta de nuestro compromiso organizacional por evitar la comisión de delitos, beneficien o no estos a la compañía. Por la misma razón, tiene por objeto prevenir la comisión de estos hechos y garantizar que en caso de que alguno de nuestros trabajadores cometa alguno de estos delitos, lo hará no solo en contradicción con nuestra cultura corporativa sino que además ello ocurrirá pese a los esfuerzos desplegados por la empresa para impedirlo.

Para conseguir estos objetivos y dar cumplimiento a los deberes de autorregulación, se ha dispuesto una organización y normativa de procesos que neutralice hasta donde sea posible el riesgo de comisión de los delitos a que se refiere la ley N° 20.393, contribuyendo a su prevención y detección oportuna. El objetivo específico del modelo no es solo disuadir la comisión de delitos, sino muy especialmente dar cumplimiento a los deberes de dirección y supervigilancia que impone la ley N° 20.393. De este modo, para el diseño, implementación y control efectivo de este modelo de prevención de delitos —tanto en lo orgánico como en lo procedimental— se ha realizado una exhaustiva identificación, cuantificación y control de los riesgos propios de nuestro giro y modo de operación.

Este modelo de prevención de delitos describe el conjunto de medidas organizacionales, administrativas y de supervisión a través de las cuales Grupo Aguas cumple los deberes de dirección y supervisión conducentes a prevenir la comisión de los delitos establecidos en la ley N° 20.393. Este modelo contempla:

a) La designación de un encargado de prevención de delitos con medios y facultades para desarrollar su tarea;

b) Un sistema de prevención de delitos, en que se identifican las actividades y procesos de la empresa en que se genera o incrementa el riesgo de comisión de los delitos, junto a protocolos, reglas y procedimientos que permiten a las personas que intervienen en dichas actividades o procesos programar y ejecutar sus funciones de una manera que prevenga la comisión de los delitos; y procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros de la empresa con este último objeto; y

c) Elementos de supervisión del sistema de prevención que aseguren la aplicación efectiva de modelo, y su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas.

En el presente documento se hará mención genérica a Grupo Aguas como la “empresa” o la “compañía”, dentro de la cual han de entenderse siempre incorporadas las empresas Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue S.A., Eco Riles S.A., Gestión y Servicios S.A., y ANAM S.A.

Explicación de los Delitos Objeto de la Ley 20.393 que Establece Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas

A. Introducción

La ley N° 20.393 ha establecido un catálogo restringido de delitos que pueden generar responsabilidad penal corporativa. Ellos son el cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Destinaremos a continuación un breve apartado a la explicación de las características fundamentales de estos delitos, a fin de orientar el comportamiento de los dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y supervisión y en general de quienes están bajo la dirección o supervisión de los anteriores, en Grupo Aguas en esta materia, a todos los cuales se les aludirá indistintamente en este acápite así como en el resto del documento como “trabajadores”.

B. Cohecho (artículo 250 y 251 bis del Código Penal)

i. Cohecho a funcionarios públicos nacionales

Artículo 250.- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de este o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones.

Tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u omisiones del artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del beneficio consentido.

Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido. En estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena superior por el crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta última.


Conforme la norma transcrita, para que se configure este delito es necesaria la intervención de un funcionario público, ya sea solicitando, recibiendo o aceptando un beneficio económico indebido. El artículo 260 del Código Penal establece quiénes son funcionarios públicos para estos efectos:

Artículo 260.- Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.

El alcance de la definición del artículo 260 es bastante amplio, por lo que al analizar las zonas de riesgo de comisión del delito de cohecho se debe ser cuidadoso. El eje central de la definición legal es el desempeño de un cargo o función pública.

Se ha entendido en una primera aproximación que estamos frente a una persona que ostenta un “cargo público” cuando se le ha investido de un nombramiento o bien recibe una remuneración que proviene del Estado. Por ello no se presentan mayores dificultades a la hora de identificar zonas de riesgo donde existe relación con funcionarios públicos que posean formalmente un cargo público (ministros, parlamentarios, carabineros, inspectores, jueces, etc.) o en el caso de leyes que asignan directamente tal carácter, como ocurre con la propia ley N° 20.393 que señala que las personas naturales que participan en las actividades de certificación cumplen una función pública en los términos del artículo 260 del Código Penal. No ocurre lo mismo con la expresión “función pública”, que genera numerosos problemas, ya que incorpora en el concepto de funcionarios públicos una infinidad de posiciones no cubiertas por la estricta regulación del Estatuto Administrativo. Es por ello que en caso de duda, el criterio a adoptar será el de presumir la calidad de funcionario público y desplegar en consecuencia las medidas de prevención contenidas en el presente modelo.

Conforme lo expuesto, la identificación de las zonas de riesgo de comisión del delito de cohecho no puede provenir de un análisis superfluo, ya que es posible que un trabajador de la empresa se esté vinculando a un funcionario público sin que ello sea evidente, especialmente si se considera que el funcionario público no recibe necesariamente una remuneración (puede cumplir una función ad honorem) o puede no pertenecer a la Administración Central (como el Banco del Estado, la Empresa de Correos de Chile, CODELCO y ENAP).

Por otro lado, si bien el delito de cohecho sanciona a quien ofrece o consiente dar a un empleado público un beneficio económico, no es necesario que ese beneficio económico vaya en provecho del propio funcionario público sino que puede procurar el beneficio de un tercero. Además, basta con el mero ofrecimiento para que se cometa el delito, de modo que no es necesario ni que se haya efectivamente pagado ni que se haya aceptado o recibido el beneficio económico (desde la perspectiva que aquí interesa el delito se perfecciona solo con el ofrecimiento de dar un beneficio económico).

El beneficio económico se ofrece, pide o concede para que el funcionario realice determinadas acciones o incurra en omisiones, pero es posible que se lo acepte, pida o reciba antes o después de haber realizado dichas acciones u omisiones.

Para los efectos de este delito se entiende por beneficio económico cualquier retribución que reciba el funcionario público, que aumente su patrimonio o impida su disminución, ya sea dinero, especies o cualquier otra cosa avaluable en dinero (descuentos, beneficios crediticios adicionales, becas, etc.).

Las acciones y omisiones que se esperan del funcionario se encuentran establecidas en los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, conforme los cuales el ofrecimiento o solicitud de beneficio económico puede tener alguno de los siguientes objetivos:

1) Solicitar o aceptar recibir por parte del funcionario, u ofrecerle o aceptar entregarle más de lo que le es permitido recibir en razón de su cargo. Es el caso de algunos funcionarios públicos que están autorizados para cobrar sumas determinadas y preestablecidas de dinero por los servicios que prestan al público, pero que no pueden recibir más de lo que legalmente les corresponde. Basta que el funcionario pida directamente más de lo que le es permitido (en tal caso el delito lo comete el funcionario) o que alguien se lo ofrezca para que se cometa el delito de cohecho.

A modo de ejemplo, para renovar un pasaporte en el Registro Civil, obtener patente municipal o conseguir un certificado en el Conservador de Bienes Raíces, el Servicio respectivo está autorizado a cobrar ciertos derechos por la realización del trámite. El funcionario ante quien se efectúa la solicitud es el facultado para recibir el pago, por lo que si se le paga u ofrece más de lo que corresponde para acelerar la gestión, se incurre en el delito de cohecho.

2) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario, para sí o un tercero, para que realice una gestión propia de su Servicio, pero que no forma parte de sus funciones.

A modo de ejemplo, se efectúa un pago a un funcionario distinto de aquél que tiene derecho a recibirlo para que apure un trámite.

3) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario por haber dejado de hacer o para que deje de hacer algo a lo que está obligado en razón de su cargo o función.

A modo de ejemplo, se ofrece a un funcionario un beneficio económico para que no se otorgue a un competidor la patente municipal que necesita para funcionar.

4) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario para que realice o por haber realizado un acto que infrinja o vaya en contra de los deberes de su cargo. La infracción también puede consistir en ejercer influencia en otro funcionario público para que este último realice un acto que beneficie a un tercero interesado.

Por ejemplo, se solicita una patente municipal para instalar una planta de tratamiento y se ofrece un beneficio económico a un funcionario público para que se la otorgue sin haber conseguido previamente el permiso de la Dirección de Obras. En efecto, el funcionario público recibe un beneficio por o para infringir los deberes de su cargo que le obligan a otorgar una patente solo si existen determinados permisos. Otro ejemplo sería el pago al funcionario que participa del otorgamiento de una patente municipal para que ejerza influencia sobre el funcionario de la Dirección de Obras que debe cursar el permiso que en tal caso se requiere.

5) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario para que cometa crímenes o simples delitos de carácter funcionario en el ejercicio de su cargo, o delitos que atenten contra los derechos garantizados por la Constitución. Ejemplo del primer caso es el pago a un juez para que dicte un fallo que vaya en contra de la ley en una causa criminal. Ejemplo del segundo tipo es el otorgamiento de un beneficio económico a un funcionario público para que detenga a una persona sin fundamentos legales.

ii. Cohecho a funcionarios públicos extranjeros

Artículo 251 bis.- El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de este o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y, además, con las de multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales. De igual forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas.

El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, además de las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas.


Se trata en términos generales de los mismos requisitos analizados para el cohecho anterior, con la salvedad de que en este caso el funcionario público debe servir a otro país o a un organismo internacional y de que el beneficio comprometido puede ser de naturaleza distinta a la económica.

A modo de ejemplo, se comete el delito si en el marco de una licitación internacional promovida por un gobierno extranjero o un organismo internacional se ofrece dinero a un funcionario de ese país u organismo para que lo adjudique a uno de los postores.

El delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros se juzga por la Justicia chilena aun cuando se haya perpetrado fuera del territorio nacional. Así lo dispone el artículo 6 Nº2 del Código Orgánico de Tribunales siempre que el delito se cometa por un chileno o por un extranjero con residencia habitual en Chile. En ambos casos podría generarse responsabilidad penal para la persona jurídica de la cual depende el particular.

No ocurre lo mismo si el particular comete el delito en el extranjero, y no es chileno ni residente habitual, pues en tal caso han de conocer del delito los tribunales extranjeros.

C. Lavado de activos

Artículo 27 ley N° 19.13.- Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales:

a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo 10 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley Nº18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, ley General de Bancos; en los Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V del Libro II del Código Penal y, en los artículos 141, 142, 366 quáter, 367 y 367 bis del Código Penal; o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes.

b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.

Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este artículo si los bienes provienen de un hecho realizado en el extranjero, que sea punible en su lugar de comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados en la letra a) precedente.

Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos.

Si el autor de alguna de las conductas descritas en la letra a) no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena señalada en el inciso primero será rebajada en dos grados.

La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo.

Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a esta.


El delito de lavado de activos está establecido en el artículo 27 de la ley 19.913. Para que se configure, se requiere que los fondos que se ocultan, disimulan o mantienen, provengan de ciertas actividades ilícitas enumeradas en esa misma disposición y que por ello se les conoce como “delitos base”. De este modo, puede decirse que el lavado de activos consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes, por emanar estos de un delito base anterior, o mantener tales bienes de origen ilícito en poder del autor.

Revisemos, aunque de modo sucinto, el catálogo de delitos base para describir luego el delito de lavado de activos propiamente tal.

Son delitos base de lavado de activos en nuestro ordenamiento los siguientes:

i. Aquellos establecidos en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.

ii. Aquellos que constituyen conductas terroristas, descritos en la ley N° 18.314.

iii. Algunos de la ley N° 17.798, sobre control de armas:

a) Los que fabriquen, armen, transformen, importen, internen al país, exporten, transporten, almacenen, distribuyan, o celebren convenciones sin la autorización que establece la ley respecto de armas sujetas a control.

b) Los que construyan, utilicen, acondicionen o posean las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba, almacenamiento o depósito de armas sujetas a control sin la autorización que exige la ley.

iv. Los delitos de la ley N° 18.045 sobre mercado de valores, pudiendo citarse entre ellos los siguientes:

A. La entrega maliciosa de antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores y Seguros, a una bolsa de valores o al público en general;

B. Los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores de oferta pública cuando efectuar en declaraciones maliciosamente falsas en el respectivo proceso de prospecto, emisión y divulgación;

C. Los que hicieren oferta pública de valores sin cumplir con los requisitos legales de inscripción;

D. Los que usaren deliberadamente información privilegiada;

E. El que valiéndose de información privilegiada ejecute un acto con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros;

F. El que revele información privilegiada, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros;

G. Las personas que con el objeto de inducir a error en el mercado difundieren noticias falsas o tendenciosas;

H. Efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios; y

I. Efectuar cotizaciones o transacciones ficticias.

v. Los delitos establecidos en la Ley General de Bancos, varios de los cuales se aplican solo a personal de instituciones bancarias y financieras, salvo el de su artículo 160 que castiga al que obtuviere créditos de instituciones de crédito suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución.

vi. Delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, cohecho, secuestro y sustracción de menores, determinados abusos sexuales a menores, promoción o facilitación de la prostitución de menores de edad, y trata de personas para prostitución, todos establecidos en el Código Penal.

Conforme el artículo 27 de la ley N° 19.913 el delito de lavado de activos se comete en las siguientes circunstancias:

1) Cuando de cualquier forma se oculta o disimula el origen ilícito o prohibido de determinados bienes. En tal caso es necesario el conocimiento de que los bienes de alguna manera provienen de la comisión de alguno de los delitos base establecidos en la ley.

Por ejemplo, un intermediario invierte los dineros de un cliente en el sistema financiero sabiendo que este proviene de la venta de drogas, o un corredor vende inmuebles a un traficante para que este pueda ocultar el origen ilícito de sus bienes.

2) Cuando se adquiere, posee, tiene o usa, con ánimo de lucro, los bienes de origen ilícito siempre que al recibirlos se haya conocido su origen ilícito. Por ejemplo, un traficante de armas invierte en la bolsa para su provecho los dineros provenientes de su actividad ilegal.

3) Debe tenerse presente en la modalidad de lavado de activos descrita en el numeral 1 precedente, aun si se desconoce el origen ilícito de los bienes, se incurre en el delito de lavado de activos cuando el sujeto debió conocer dicha procedencia y por una falta de cuidado que le era exigible no lo hizo. Se trata de la figura imprudente de lavado de activos, conforme la cual no solo se sanciona a quien tiene la intención directa de ocultar el origen ilícito de los bienes, sino que también a quien por falta de cuidado que le era exigible “permitió” que se llevara a cabo la conducta ilícita.

D. Financiamiento del terrorismo

Artículo 8º ley N° 18.314.- El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.

En el Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, las Naciones Unidas entienden que comete el delito quien “por cualquier medio, ilegalmente y por voluntad propia, proporciona y recauda fondos con la intención de que sean utilizados, o a sabiendas de que serán utilizados para llevar a cabo lo siguiente: (a) un acto que constituye un delito dentro del alcance y según la definición de los tratados existentes; o (b) Cualquier otro acto destinado a ocasionar la muerte o lesiones corporales graves a civiles, o a cualquier otra persona que no esté participando activamente en las hostilidades dentro de una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto sea intimidar a una población, u obligar a un buen gobierno u organismo internacional a realizar o dejar de realizar un acto”.

En nuestro país el financiamiento del terrorismo está descrito y castigado en el artículo 8° de la ley 18.314, para quienes de cualquier forma solicitan, recaudan o proveen fondos con la finalidad de que se utilicen para cometer los delitos terroristas establecidos en la ley.

Los siguientes delitos se califican como terroristas cuando se han perpetrado para intimidar a la población o conseguir del gobierno alguna decisión:

i. El homicidio calificado, las mutilaciones, lesiones graves y graves gravísimas, el secuestro, la sustracción de menores, el envío de cartas o encomiendas explosivas, el incendio y otros estragos, las infracciones en contra de la salud pública y el descarrilamiento.

ii. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público que esté en servicio o la realización de actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud pública de sus pasajeros o tripulantes.

iii. Atentar en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe de Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas en razón de su cargo.

iv. Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.

v. También la asociación ilícita para la comisión de los delitos antes mencionados.

Los delitos antes mencionados se consideran terroristas cuando el hecho se comete con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se comete para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

El delito podría configurarse por ejemplo a partir de donaciones que se hicieran a sabiendas a organizaciones o personas naturales que, aunque aparenten fines lícitos, en realidad realizan o financian actividades terroristas.

Medidas de Prevención de los Delitos de Cohecho, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Grupo Aguas

A. Introducción

Una vez identificadas las zonas operativas al interior de Grupo Aguas expuestas al riesgo de comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es necesario establecer las medidas preventivas correspondientes.

El presente apartado del modelo de prevención de delitos de Grupo Aguas pretende fijar normas de conducta para prevenir la comisión de los delitos objeto de la ley N° 20.393 por parte de los cargos expuestos a ello, previamente identificados en la gestión de riesgos.

B. Medidas preventivas del delito de cohecho

1. Todas las comunicaciones con funcionarios públicos por medio de correos electrónicos deberán realizarse utilizando la dirección electrónica institucional de Grupo Aguas. Además, será necesario copiar en el correo electrónico la dirección del superior jerárquico del empleado del Grupo Aguas que participe en dichas comunicaciones.

2. Grupo Aguas deberá respaldar por un tiempo prudente la totalidad de los correos cuyos dirigidos a o emanados de los funcionarios que ocupan cargos expuestos a los riesgos del delito de cohecho.

3. En todos aquellos correos electrónicos entre empleados de Grupo Aguas y funcionarios públicos, deberá agregarse al final de estos la siguiente frase: “Por aplicación del modelo de prevención de delitos de la ley N° 20.393 los trabajadores de Grupo Aguas procurarán relacionarse con funcionarios públicos solo a través de sus correos institucionales por lo que le solicitamos informar esa dirección.” Esto deberá ser informado a los trabajadores de la compañía.

4. Todas las reuniones presenciales que se fijen con algún funcionario público deberán ser informadas al superior jerárquico del trabajador de Grupo Aguas que asista.

5. Salvo imposibilidad, a todas las reuniones que mantenga un empleado del Grupo Aguas con cualesquiera funcionarios públicos deberá concurrirse acompañado de, a lo menos, un trabajador adicional que pertenezca a la empresa. En caso de no poder hacerlo, será su obligación poner la situación en conocimiento del encargado de prevención de delitos de la empresa.

6. Siempre que un funcionario público concurra a las dependencias en las que opere Grupo Aguas a fiscalizar el cumplimiento de cualquier normativa legal, el trabajador de la empresa que lo reciba deberá completar una minuta creada al efecto por el encargado de prevención de delitos, consignando al menos: fecha, funcionario público, objeto de la visita y empleado que lo recibe. El acta que al efecto extienda el organismo fiscalizador cumplirá esta función.

7. Todas las reuniones presenciales que trabajadores de Grupo Aguas mantengan con funcionarios públicos deberá constar en una minuta levantada al efecto por el trabajador y creada por el encargado de prevención de delitos, consignando al menos: fecha, lugar, funcionario público, otros asistentes, objeto de la reunión y empleado que lo recibe. El registro que se efectúe a través de Outlook u otra agenda electrónica cumplirá esta función.

8. Grupo Aguas deberá mensualmente controlar todos y cada uno de los derechos pagados a funcionarios públicos y gastos asociados a ellos. Esto implica que aquellos trabajadores que deban realizar trámites sujetos legalmente a pagos en instituciones públicas, deberán rendir esos pagos según los controles establecidos por la administración.

9. Todos los funcionarios expuestos al riesgo de este delito, descritos en el capítulo anterior, deberán informar al encargado de prevención de delitos sobre la identidad y cargo de funcionarios públicos con quienes tengan relaciones familiares o de estrecha amistad, con quienes eventualmente pudieren vincularse en razón de sus funciones. El encargado de prevención de delitos ponderará en cada caso, dependiendo del nivel de cercanía y de criticidad de las funciones desempeñadas por el trabajador de Grupo Aguas, la conveniencia de adoptar medidas que pongan a resguardo a la empresa de eventuales responsabilidades penales. La renovación de esta información se requerirá con la periodicidad que estime el encargado de prevención de delitos, sin perjuicio de la obligación de todo trabajador de Grupo Aguas de informar inmediatamente de todo evento en que las situaciones de familiaridad, estrecha amistad y/o criticidad se hagan patentes.

10. Los abogados y demás profesionales externos de estudios jurídicos que representen a Grupo Aguas ante autoridades administrativas o judiciales deberán suscribir y remitir una declaración a la empresa en que se comprometan en términos absolutos a no ofrecer, prometer, dar o consentir en dar objetos de valor, beneficios de cualquier clase o dinero a funcionarios públicos en Chile ni en el extranjero, ni aun cuando por dicha vía se procure dar cumplimiento al encargo profesional que les ha sido cometido, o se actúe en interés o se siga provecho para la empresa.

11. Deberá darse cumplimiento a los siguientes procedimientos existentes en la empresa:

- Procedimientos para efectuar compras de materiales, bienes y servicios

- Procedimientos para licitaciones

- Procedimientos para compras directas

C. Medidas preventivas del delito de lavado de activos

1. Existe en la empresa una política de inversiones, que contempla los plazos, instrumentos e instituciones en las que podrá invertir. Es deber de los trabajadores cumplir con dicha política, así como del encargado de prevención de delitos velar por su cumplimiento, y para tales efectos, deberá revisarla al menos una vez al año y verificar su adecuación como mecanismo de prevención.

2. Existen asimismo en la compañía diversos manuales de procedimientos para efectuar compras de materiales, bienes y servicios, debiendo el encargado de prevención de delitos instar porque el área que corresponda los modifique de tal forma que se incluya una mención a la Ley 20.393, y se complementen en términos tales de realizar una revisión acuciosa de los antecedentes de los proveedores. Es deber de los trabajadores cumplir con estas normas, así como del encargado de prevención de delitos velar semestralmente por su cumplimiento.

3. Existe en la compañía un procedimiento para realizar licitaciones, así como un modelo de bases de licitación, donde se contemplan las directrices existentes en la empresa sobre creación, calificación y evaluación de proveedores. Es deber de los trabajadores cumplir con dichas normas, así como del encargado de prevención de delitos velar semestralmente por su cumplimiento.

4. El encargado de prevención de delitos deberá velar por la creación de una política que regule el procedimiento para las compras directas, que contemple como requisito de selección una completa revisión de los antecedentes personales o corporativos del proveedor, de manera tal de poder identificar aquellos contratistas que presenten riesgo de lavado de activos. Será obligación de los trabajadores ajustarse a esta política, así como del encargado de prevención de delitos velar semestralmente por su cumplimiento.

5. Se incorporará en los contratos con proveedores y contratistas que facturen mensualmente sobre US$10.000.- y de aquellos cuyo giro comprenda las actividades señaladas en el artículo 3° de la ley N° 19.9131, salvo que se trate de contratos de adhesión no modificables por Grupo Aguas, una cláusula relativa a la ley 20.393, siguiendo el formato del apartado VIII. Respecto de aquellos proveedores con los que la compañía no tenga contratos, deberá enviarse dicha cláusula por mail y solicitarles su conformidad a esta.

6. Se deberá efectuar un control aleatorio del comportamiento de los proveedores y contratistas en temas como precios, condiciones, crédito, etc., a fin detectar situaciones inusuales o sospechosas que sugieran la realización de averiguaciones adicionales, por ej.: si un proveedor comienza en forma habitual a vender a un precio considerablemente bajo en relación con el mercado, en condiciones excepcionales o con una oferta de crédito que salga de lo común, será obligación de Grupo Aguas revisar la relación con el proveedor y la plausibilidad de esas condiciones. Si, detectada esta situación, la empresa insiste en mantener una relación comercial por estimar que las razones para operar de esa forma son atendibles y por tanto no hay riesgo evidente de lavado de activos, se dejará constancia de ello en una minuta que el área respectiva hará llegar al encargado de prevención de delitos.

7. Deberá darse cumplimiento a la política de postulación a fondos o programas de desarrollo social, con especial cuidado de verificar la forma en que se financian y quienes integran las entidades postulantes, cuidando de que no estén vinculados a actividades de lavado de activos.

8. Deberá darse cumplimiento al procedimiento de la gestión de la venta de inmuebles declarados prescindibles.

D. Medidas preventivas del delito de financiamiento del terrorismo

1. El encargado de prevención de delitos de la empresa deberá instar por que el área que corresponda elabore una política con la exigencia de requisitos mínimos que se solicitarán a quienes postulen a un determinado fondo o programa de desarrollo social, de tal forma de prevenir el financiamiento de organizaciones que desarrollen actividades que puedan calificarse como terroristas. Lo mismo se aplicará respecto de aquellos fondos que se otorguen en el marco del cumplimiento de una RCA, y será deber de los trabajadores ajustarse a esta política, así como del encargado de prevención verificar semestralmente su cumplimiento.

2. Existe en la empresa un procedimiento para la tramitación de solicitudes de auspicios y donaciones, la que deberá complementarse para incorporar la obligación de verificar los antecedentes de los posibles destinatarios de forma previa a su realización, además de hacerse extensivo a todas las empresas del Grupo Aguas. Es deber de los trabajadores cumplir con dicho procedimiento, así como del encargado de prevención de delitos instar a lo anterior, además de velar semestralmente por su cumplimiento.

3. Existen en la empresa procedimientos de rendición de gastos de las cajas chicas o fondos rotatorios, tanto para Grupo Aguas, cuyos trabajadores deberán cumplir a cabalidad, y asimismo, el encargado de prevención de delitos deberá controlar de manera semestral en el sentido de que se estén cumpliendo.

4. Existe en la compañía un procedimiento que regula los fondos de rendición inmediata, el que deberá ser cumplido a cabalidad por los trabajadores, lo que a su vez deberá ser controlado de manera semestral por el encargado de prevención de delitos.

5. La empresa cuenta con un procedimiento especial para el pago de fondos solicitados por ejecutivos, respecto del cual el encargado de prevención de delitos deberá instar porque se complemente a fin de que se especifique los gastos en que se podrá incurrir con cargo a estos fondos. Es deber de los trabajadores cumplir con este procedimiento, así como del encargado de prevención de delitos controlar semestralmente su cumplimiento.

6. Existen en la empresa bases generales que regulan el procedimiento de liberación de pagos al interior de la empresa, donde están contemplados todos los eventos que deberán cumplirse para poder autorizar un pago. Es deber de los trabajadores cumplir con lo establecido en estas bases, así como del encargado de prevención velar semestralmente por su cumplimiento.

7. Existe en la compañía una política de crédito, que establece los distintos convenios de pago que podrán pactarse con los clientes de la compañía y las condiciones respectivas. De la misma manera, existe un protocolo de atención de clientes, en donde se regulan las rebajas que podrán realizarse. Es deber de los trabajadores cumplir con estos procedimientos, así como del encargado de prevención de delitos controlar semestralmente su cumplimiento.

8. Deberá darse cumplimiento al “Procedimiento de la gestión de la venta de inmuebles declarados prescindibles”.

1 Bancos e instituciones financieras; empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las administradoras generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión; el Comité de Inversiones Extranjeras; las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de futuro y de opciones; las sociedades administradoras y los usuarios de zonas francas; los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios; los conservadores; las administradoras de fondos de pensiones, y las sociedades anónimas deportivas profesionales

Claúsula Contrato de Trabajo

El contrato de trabajo, sea temporal o indefinido, de todo empleado del Grupo Aguas contendrá una cláusula que diga relación con la ley 20.393. La cláusula deberá contener al menos las siguientes menciones:

a. Obligación de ajustar comportamiento a la ley, al Reglamento Interno, al Código de Ética, y demás políticas y procedimientos de la empresa;

b. Obligación de cumplir con el sistema de prevención de delitos de la ley N° 20.393

c. Elevación a la calidad de grave del incumplimiento de dicho sistema

d. Prohibición de desarrollar conductas de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo

e. Conocimiento de que ninguna instrucción recibida por el trabajador podrá ser interpretada una autorización para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo de delito

f. Obligación de denunciar hechos ilícitos que lleguen a su conocimiento.

El Reglamento Interno

Cada una de las empresas que conforma Grupo Aguas cuenta con su propio Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, al que deberá incluírsele una cláusula denominada “Aplicación de la ley número 20.393”que disponga al menos las siguientes menciones:

a. Información acerca de la existencia del sistema de prevención de delitos;

b. Sanciones en caso de incumplimiento del sistema de prevención;

A título ejemplar el texto a incorporar al Reglamento puede ser del siguiente tenor:

“En cumplimiento de la ley N° 20.393 sobre prevención de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Grupo Aguas ha establecido un sistema de prevención que establece una serie de políticas, procedimientos y controles que son obligatorios para todo el Grupo Aguas. La empresa podrá realizar investigaciones internas para verificar el cumplimiento de estas políticas. El incumplimiento de ellas, faculta a la empresa a aplicar sanciones al trabajador que ha transgredido estas normas que van desde una amonestación verbal, amonestación por escrito, y hasta la terminación del contrato de trabajo, dependiendo de la gravedad del hecho o de su carácter reiterado. Producto de lo anterior, todo el personal deberá adherir a este sistema de prevención que se encuentra descrito en el Informativo de prevención de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que se entrega a cada trabajador al momento de firmar su contrato de trabajo. El trabajador se obliga a formalizar la recepción de los mencionados documentos y su adhesión a los mismos.”

Además se podrá modificar en el sentido de incorporar lo siguiente:

a. En el artículo sobre obligaciones de los trabajadores, se podrá incorporar la mención específica de su deber de conocer la existencia y alcance de la ley 20.393 y de la implementación del sistema de prevención de delitos al interior de la compañía.

b. En el artículo sobre prohibiciones que afectan a los trabajadores, se incorporará la prohibición expresa de realizar cualquier actividad que pueda relacionarse con los delitos señalados en la ley 20.393, es decir, cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Otros Mecanismos de Comunicación del Sistema de Prevención de Delitos

Para una eficaz implementación del modelo de prevención de delitos, es fundamental que todo el personal conozca los alcances de la ley 20.393 y conozca el contenido y alcance del sistema de prevención existente, sus controles y sus procedimientos. Asimismo, es también fundamental que todos los trabajadores comprometan su adhesión a dicha política.

Con el fin de asegurar que todos los trabajadores de Grupo Aguas estén debidamente informados sobre esto, además de las disposiciones incorporadas a sus contratos de trabajo y reglamento interno, se ha dispuesto la siguiente normativa:

1. Intranet. La información relacionada al sistema de prevención de delitos estará disponible para todo el personal en la intranet de la empresa.

2. Compromiso. Todo el personal firmará el anexo del Reglamento Interno con las correspondientes cláusulas que hacen referencia al modelo de prevención de delitos.

3. Proveedores. Los trabajadores de Grupo Aguas deben aplicar la norma de “conocer a sus proveedores” y exigir de ellos una estricta adhesión al sistema de prevención de delitos de Grupo Aguas. En este sentido, las relaciones con proveedores deberán ser reguladas con un documento contractual que puede ser un contrato de servicios, una orden de compra, bases de licitación u otro documento que acredite la existencia de la relación comercial entre Grupo Aguas y el proveedor.

4. Capacitación. Se dispondrá para efectos de la capacitación de un programa sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y del sistema de prevención de delitos de Grupo Aguas que se impartirá por la vía que se estime más expedita y accesible. Este programa se impondrá semestralmente a todos los nuevos trabajadores que se integren a Grupo Aguas y deberá ser cursado a lo menos cada dos años por todos los trabajadores. Se llevará un registro de asistencia y de la calificación del curso.

5. Inducción especial. A todos aquellos cargos identificados en este modelo de prevención de delitos como expuestos potencialmente a la comisión de los delitos objeto de la ley 20.393 se les deberá enviar un correo electrónico o carta de la que deberán acusar recibo y que contenga:

a. Definición e identificación expresa del o los delitos al que se encuentra expuesto el empleado.

b. Enumeración y explicación de las medidas preventivas que en el desempeño de sus funciones debe cumplir obligatoriamente según lo que dispone este modelo de prevención de delitos.

c. Obligación de reportar al encargado de prevención de delitos si las funciones de su cargo se amplían o sufren modificaciones sustanciales

Procedimiento de Denuncias

El presente modelo de prevención de delitos incorpora un procedimiento de denuncias que se funda en tres pilares fundamentales: expedición, confidencialidad y eficacia. Es para Grupo Aguas fundamental contar con un mecanismo de denuncia que permita a sus trabajadores, colaboradores y proveedores cumplir con sus obligaciones de denuncia en caso de tener noticia o sospecha de la comisión de cualquier hecho constitutivo de delito, incluso si se trata de delitos no contenidos en el modelo de prevención de delitos diseñado de conformidad con la ley 20.393.

Los trabajadores, colaboradores y proveedores de Grupo Aguas tienen la obligación de comunicar según el canal que se detallará a continuación cualquier situación o sospecha de comisión de delitos, de acuerdo a las disposiciones del presente modelo de prevención y de conformidad a lo dispuesto en sus respectivos contratos y el Reglamento Interno de la empresa. Del mismo modo, los trabajadores y colaboradores deben denunciar cualquier incumplimiento a las prescripciones del modelo de prevención de delitos de modo que Grupo Aguas pueda tomar las medidas necesarias para solucionar tales incumplimientos.

El canal de denuncias será anónimo, salvo que expresamente el trabajador, colaborador o proveedor quiera identificarse. En este último caso Grupo Aguas se compromete a tratar dicha identificación con la máxima confidencialidad resguardando siempre la honra, crédito o seguridad de quien hace la denuncia.

El canal de denuncias se incorporará en la página web corporativa y constará de un formulario preestablecido por el encargado de prevención de delitos, a través de una opción denominada “Línea de denuncias Grupo Aguas” a la que podrá acceder cualquier trabajador que despliegue la intranet. Este ingreso deberá garantizar el anonimato o reserva de la denuncia. Todas las denuncias ingresadas serán administradas solamente por el encargado de prevención de delitos de Grupo Aguas.

Los trabajadores, colaboradores y proveedores se comprometen a hacer sus denuncias en forma responsable y bien fundamentada y con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones conforme dispone el presente modelo de prevención de delitos. El denunciante, considerando el anonimato de su denuncia, debe entregar una descripción detallada de los hechos que la fundamenta, especialmente fecha, hora, lugar y forma de tomar conocimiento de tales hechos.

De acuerdo a un formulario diseñado por encargado de prevención de delitos, en la medida de lo posible la denuncia debe contener la siguiente información:

a. Lugar donde ocurrió el hecho (sucursal, oficina, dirección, ciudad, etc.).

b. Área de la empresa donde ocurrió el hecho denunciado.

c. Fecha aproximada en que ocurrió el hecho observado.

d. Descripción detallada de los hechos observados.

e. Indicar nombres y cargos de personas involucradas en los hechos denunciados.

f. Nombres y cargos de eventuales testigos de lo ocurrido

g. Monto aproximado relacionado con lo ocurrido (si es posible)

h. Acompañar todos los antecedentes con que cuenta el denunciante y que permita el esclarecimiento de los hechos o facilite la investigación.

El mismo canal de denuncias se utilizará para poner en conocimiento de Grupo Aguas la sospecha de toda violación en relación con la ley nacional, o a políticas, normas y procedimientos de la empresa, pero especialmente, y sin que la enumeración siguiente pueda considerarse taxativa:

– Cualquier pago indebido o por un monto superior al legal que se hiciera a un funcionario público chileno o extranjero o cualquier beneficio económico en especie u otros bienes que se le hiciera.

– Cualquier sospecha de que dinero, bienes u otras especies de Grupo Aguas pudieran estarse destinando al financiamiento de actividades ilícitas, como terrorismo u otras actividades delictuales y cualquier sospecha que pudiera tenerse respecto de la vinculación o participación de empleados, colaboradores o proveedores de Grupo Aguas en cualquiera de tales actividades.

– Cualquier sospecha de que dinero, bienes u otras especies que reciba Grupo Aguas a cualquier título pudieran provenir de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, u otro delito cualquiera y cualquier sospecha respecto de la vinculación o participación de empleados, colaboradores o proveedores de Grupo Aguas en cualquiera de tales actividades.

La duda acerca de si las conductas de que ha tomado conocimiento el trabajador, colaborador o proveedor de Grupo Aguas cae dentro de alguna de las hipótesis antes mencionadas se entenderá como motivo suficiente para que este tenga la obligación de denunciar.

Procedimiento para la Investigación de Denuncias

El procedimiento de investigación interna es fundamental para la implementación del modelo de prevención de delitos. Por ello se le ha establecido como un mecanismo de cooperación con la autoridad cuando existe una denuncia o sospecha de la comisión de algún delito, comprometa o no la responsabilidad penal de la empresa.

Para cumplir esta finalidad, los resultados obtenidos por dichas investigaciones y su estado serán reportados regularmente a instancias de dirección de la empresa. Adicionalmente, los resultados de estas investigaciones que den cuenta de la sospecha de comisión de delitos, sean o no de aquellos incorporados en la ley 20.393, deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público para que investigue las responsabilidades penales que corresponda.

Las investigaciones internas que se lleven adelante a partir del procedimiento aquí contenido buscan además de impedir delitos en curso, obtener la información necesaria para el aprendizaje corporativo que permita la prevención de futuras conductas análogas. Evidentemente no toda conducta reportada según los mecanismos internos será confirmada en la investigación. Aun cuando no medie una denuncia, las investigaciones pueden ser iniciadas de oficio por el encargado de prevención de delitos o por disposición de la administración de la compañía cuando tomen conocimiento de alguna situación que lo amerite.

El procedimiento de Investigación se regirá por los siguientes principios y reglas:

1. Las denuncias entregadas por los trabajadores, colaboradores o proveedores de Grupo Aguas serán recibidas por el encargado de prevención de delitos.

2. Una vez recibida la denuncia, se analizará su contenido y mérito para ser investigada. Deberán investigarse siempre las denuncias o hechos que puedan dar cuenta de la comisión del delito de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

3. En caso de estimarse plausible la denuncia, sea por la forma de ella o por los antecedentes aportados, se dará inicio a la investigación designando a un auditor o a otro funcionario interno con experiencia quien la realizará en forma estrictamente confidencial y bajo la supervisión del encargado de prevención de delitos. Requisito esencial de esa designación es la imparcialidad en esa investigación, por lo que debe escogerse a un empleado cuyas funciones no estén directamente vinculadas con los procesos o cargos expuestos a la investigación.

4. El auditor o funcionario interno asignado se debe comprometer formalmente a mantener una estricta confidencialidad sobre todas las materias investigadas y las personas involucradas, cuidando encarecidamente el buen ambiente laboral.

5. El auditor o funcionario interno responsable por la investigación, podrá interrogar a trabajadores que, en virtud de su posición y actividad dentro de la empresa, pudieren aportar con información respecto de lo investigado. El objeto de la investigación debe mantenerse en estricta reserva.

6. El auditor o funcionario interno contará con las facultades necesarias para reunir aquellas pruebas que los métodos de auditoría recomiendan y que le permitan dirigir una investigación adecuada, incluido-pero no limitado- interrogar trabajadores, colaboradores, proveedores, etc.; revisar, cotejar y analizar transacciones; pedir rendiciones de cuentas de gastos o pagos; examinar la documentación existente; consultar fuentes externas, etc.

7. Una vez concluida la investigación, se emitirá un informe confidencial y reservado con sus conclusiones, al cual solo tendrá acceso los miembros de la alta gerencia que el encargado de prevención de delitos determine.

8. Si la investigación concluye que existen hechos delictuales demostrados o una sospecha fundamentada de violación a la ley 20.393, el encargado de prevención de Delitos deberá denunciar los hechos investigados a la Fiscalía correspondiente e informar a la Unidad de Análisis Financiero cuando corresponda.

Capacitación

El presente modelo de prevención de delitos contempla un sistema de capacitación de los empleados y colaboradores de Grupo Aguas que será implementado por el encargado de prevención de delitos. El sistema de capacitación deberá estar disponible de la forma más accesible posible y deberá ser realizado y evaluado cuando menos una vez cada dos años. Además semestralmente deberá impartirse a aquellos empleados nuevos que ingresen a Grupo Aguas.

El objetivo de este sistema de capacitación es formar a los empleados y colaboradores de Grupo Aguas en los valores corporativos y muy especialmente en poner a su disposición los conocimientos necesarios para comprender los riesgos de comisión de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por eso el sistema de capacitación se estructurará en un lenguaje fácil y accesible y contendrá todos los ejemplos que sean necesarios para ilustrar a los trabajadores.

En la misma línea, la capacitación está orientada a un conocimiento práctico (cómo actuar frente a una determinada situación) y no teórico, de modo que renunciará a la transmisión de un conocimiento exhaustivo de conceptos para orientarse hacia la práctica correcta en la toma de decisiones. Por la misma razón se prescindirá de las reproducciones literales o textuales de los delitos incorporados al catálogo de la ley 20.393 para enseñar más bien sus líneas esenciales del modo más didáctico y pedagógico posible. Dada la transversalidad del organigrama de Grupo Aguas y las diferencias de formación que presentan sus diferentes estamentos corporativos, las explicaciones de estos temas deberán estar acordes con el entendimiento de sus empleados menos ilustrados y no seguir el estándar de las capas altas de su estructura orgánica.

Dicha capacitación incorporará especialmente apartados relativos a las sanciones que se han contemplado para empleados y trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y denuncia conforme dispone el presente modelo. Del mismo modo, esas mismas obligaciones de vigilancia y denuncia constituirán el eje mismo de la capacitación.

El sistema de denuncias y sus características esenciales son también un apartado imprescindible del programa de capacitación, poniendo énfasis en la forma de denunciar, especificando enfáticamente la garantía de anonimato. Del mismo modo, y con la finalidad de promover la utilización del canal de denuncias y garantizar la transparencia de estos procesos, se especificará también en la capacitación el mecanismo de tramitación de denuncias y de realización de las investigaciones internas.

Todo empleado deberá, cuando menos una vez cada dos años, participar de estas capacitaciones y aprobarlas satisfactoriamente. Además semestralmente deberá impartirse a aquellos empleados nuevos que ingresen a Grupo Aguas. La evaluación de estas se hará de un modo imparcial y objetivo y el empleado que repruebe dicha evaluación deberá repetir dicha capacitación dentro de los tres meses desde su reprobación.

Encargado de Prevención de Delitos Grupo Aguas

El encargado de prevención de delitos es el funcionario especialmente designado por Grupo Aguas para el diseño, implementación y control del modelo de prevención de delitos conforme lo dispone la ley 20.393.

A su vez, y ya que la identificación de riesgo que se ha realizado es dinámica y por tanto las medidas que previenen la comisión de los delitos también lo son, será responsabilidad del encargado de prevención de delitos actualizar periódicamente el modelo de prevención de delitos, tanto en lo que se refiere a la incorporación de nuevos riesgos y/o la modificación de los actualmente identificados como respecto de las medidas que los previenen. Lo anterior, asegurando el adecuado conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados de la compañía.

La duración del encargado de prevención de delitos en su cargo será definida por la máxima dirección. Ahora bien, y en cumplimiento de la ley, no podrá mantenerse más de tres años en sus funciones, prorrogable por periodos de igual duración.

Dicho encargado de prevención de delitos reportará funcionalmente al Gerente General de la compañía y contará con autonomía orgánica y presupuestaria de la administración.

De este modo y para asegurar su adecuada autonomía:

a) Se mantendrá indemne al encargado de prevención de delitos frente a cualquier conflicto de intereses que pueda afectar el incumplimiento de sus funciones.

b) El encargado de prevención de delitos tendrá acceso directo a la administración de Grupo Aguas para informarla oportunamente por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados.

c) Anualmente la administración de Grupo Aguas aprobará el presupuesto presentado por el encargado de prevención de delitos que le permitan obtener los medios materiales para cumplir con sus funciones.

El encargado de prevención de delitos llevará un registro confidencial que contendrá:

a. Todas denuncias recibidas sea por conductos informales o a través del canal de denuncias.

b. Todas las investigaciones realizadas con sus respectivos antecedentes y resultados.

c. Registro de control de excepciones y transacciones inusuales.

d. Registro de los intercambios de información con el Ministerio Público.

Para los efectos de su reporte, el encargado de prevención de delitos pondrá semestralmente en conocimiento de la administración de Grupo Aguas los hechos ocurridos, las denuncias recibidas y las investigaciones cursadas, así como las medidas preventivas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido.

La estructura del informe semestral será la siguiente:

a. Breve resumen de todas las medidas de prevención implementadas conforme lo dispone el modelo de prevención de delitos (controles implementados, normas e instructivos dictados, alertas sistémicas o aleatorias, mecanismos de control de excepciones implementados, etc.).

b. Reporte del mecanismo de control de excepciones y detección de transacciones inusuales (identificación de transacciones inusuales y acciones tomadas al respecto en los términos establecidos en la medida preventiva número 6 del delito de lavado de activos).

c. Denuncias recibidas tanto a través del canal de denuncias como por otros medios informales. Del mismo modo, deberá reportar la cantidad relativa de esas denuncias de modo de revisar la efectividad del sistema formal de denuncias.

d. Investigaciones realizadas (número de investigaciones realizadas, conclusiones de las mismas y acciones tomadas) y porcentaje de denuncias que terminan en una investigación.

e. Diseño e implementación de las nuevas medidas de prevención (nuevos controles y procedimientos que se hayan implementado desde el informe anterior).

f. Resumen de todas las capacitaciones u otras medidas de formación o evaluación de personal relativas al modelo de prevención de delitos.

g. Cualquier modificación en la legislación vigente que pudiera afectar o modificar el modelo de prevención de delitos implementado por la óptica.

h. Otros hechos relevantes (cualquier otra información que pueda ser de interés a la administración de la empresa y que sirva para incrementar la eficacia del modelo de prevención de delitos.

Este informe se entiende estrictamente confidencial y solo será de conocimiento de la administración de la empresa.

En síntesis y de acuerdo a lo establecido a lo largo del modelo de prevención de delitos las obligaciones del encargado de prevención de delitos consisten en:

1. Crear una minuta para recibir a aquellos funcionarios públicos que realicen alguna fiscalización en la compañía, consignando a lo menos: fecha, funcionario público, objeto de la visita y empleado que lo recibe.

2. Crear una minuta que registre las reuniones presenciales que trabajadores de Grupo Aguas mantengan con funcionarios públicos, consignando a lo menos: fecha, funcionario público, objeto de la reunión, otros asistentes y empleado que lo recibe.

3. Solicitar a los cargos expuestos al delito de cohecho una declaración que contenga si tienen alguna relación familiar o de estrecha amistad con algún funcionario público con quienes eventualmente pudieren vincularse en razón de sus funciones señalando la identidad y cargo de este. La renovación de esta información deberá ser requerida periódicamente por el encargado de prevenciónde delitos y deberá comunicarle a estos empleados que forma parte de sus obligaciones informar inmediatamente de todo evento en que las situaciones de familiaridad, estrecha amistad y/o criticidad se hagan patentes.

4. Velar por el cumplimiento de la política existente sobre inversiones, debiendo revisarla al menos una vez al año y verificando su adecuación como mecanismo de prevención.

5. Instar por que el área que corresponda modifique el manual de procedimientos para efectuar compras de materiales, bienes y servicios, de tal forma que se incluya una mención a la Ley 20.393 y se complemente en términos tales de realizar una revisión más acuciosa de los antecedentes de los proveedores.

6. Velar semestralmente por el cumplimiento de esta norma.

7. Velar semestralmente por el cumplimiento del procedimiento existente para realizar licitaciones y del modelo de bases de licitación.

8. Velar por la creación de una política que regule el procedimiento para las compras que no caigan en las categorías anteriores, esta son, las compras directas y la contratación de consultores para los estudios de tarifas, que contemple como requisito de selección una completa revisión de los antecedentes personales o corporativos del proveedor, de manera de poder identificar aquellos que presenten riesgo de lavado de activos.

9. Velar semestralmente por el cumplimiento de esta norma.

10. Efectuar un control aleatorio del comportamiento de los proveedores y contratistas en temas como precios, condiciones, crédito, etc., a fin de detectar situaciones inusuales o sospechosas que sugieran la realización de averiguaciones adicionales. Si detectada alguna situación como sospechosa y la empresa insiste en mantener una relación comercial por estimar que las razones para operar de esa forma son atendibles y por tanto no hay riesgo de lavado de activos, se dejará constancia de ello en una minuta que el encargado de prevención de delitos deberá recibir y guardar.

11. Instar por que el área que corresponda elabore una política con la exigencia de requisitos mínimos que se solicitarán a quienes postulen a un determinado fondo o programa de desarrollo social, lo que también deberá aplicarse respecto de aquellos fondos que se otorguen en el marco del cumplimiento de una RCA.

12. Verificar semestralmente el cumplimiento de esta política.

13. Velar por que el área que corresponda modifique la política existente sobre realización de auspicios y donaciones, de tal forma que incorpore la verificación de los antecedentes del destinatario de forma previa a su realización, además de hacerse extensiva a todas las empresas del grupo.

14. Verificar de manera semestral su cumplimiento.

15. Velar por que el área que corresponda modifique el procedimiento de rendición de gastos de las cajas chicas, de tal forma que especifique los gastos en los que se podrá incurrir con estos fondos.

16. Controlar semestralmente que la empresa esté cumpliendo con este procedimiento.

17. Velar semestralmente por el cumplimiento del procedimiento que regula los fondos de rendición inmediata.

18. Velar semestralmente por el cumplimiento del procedimiento existente sobre fondos solicitados por subgerencias y gerencias del grupo.

19. Velar semestralmente por el cumplimiento de las bases generales de la empresa que establecen el procedimiento que deberá seguirse para realizar liberaciones de pago.

20. Velar semestralmente por el cumplimiento de la política existente sobre convenios de pago a los clientes de la compañía.

21. Autorizar la contratación de personas que estén siendo investigadas por los delitos objeto de la ley 20.393 y aquellos delitos base de lavado de activos. Lo anterior dejando constancia por escrito de que existen circunstancias calificadas que lo ameriten.

22. Otorgar autorización para que aquellos proveedores que realicen actividades ostensiblemente ajenas a la comisión de los delitos objetos de la ley 20.393 queden exentos de firmar la cláusula de proveedores. La autorización no podrá otorgarse cuando el giro del proveedor consista en actividades que por sus riesgos inherentes sean de aquellas enumeradas en el artículo 3° de la ley 19.913.

23. Comunicar a los empleados de Grupo Aguas que se ha implementado un sistema de prevención de delitos. Esto es, deberá ingresar a la intranet de la compañía la información relativa al sistema de prevención; velar por que todo el personal firme la hoja que acredita que recibió el Reglamento Interno y que adhiere a dichos principios; disponer de un programa de capacitación de la ley 20.393; enviar los mails o cartas que contengan la inducción especial de aquellos cargos identificados como expuestos a los delitos y en general velar por el cumplimiento del título X de este modelo referente a los otros mecanismos de comunicación del sistema de prevención de delitos.

24. Recibir y proceder a la investigación de las denuncias presentadas por los empleados, proveedores o colaboradores.

25. Crear un formulario para la realización de las denuncias que deberá ser cargado a la página web corporativa con el nombre de “Canal de denuncias ley 20.393”. A su vez el encargado de prevención de delitos deberá velar porque el mismo formulario se encuentre a disposición de todos los empleados, colaboradores y proveedores de la empresa.

26. Aun cuando no medie una denuncia, iniciar de oficio o por disposición de la administración de la compañía alguna investigación cuando tomen conocimiento de alguna situación que lo amerite.

27. Emitir un informe confidencial y reservado que contenga las conclusiones a las que ha llegado luego de investigar los hechos constitutivos de alguna denuncia o aquellos hechos que de oficio o a petición de la administración ha investigado.

28. Denunciar a la fiscalía correspondiente e informar a la Unidad de Análisis Financiero cuando corresponda, aquellos hechos que luego de ser investigados se concluya que son delictuales o exista una sospecha fundamentada de violación a la ley 20.393.

29. Proponer a la administración de Grupo Aguas las sanciones aplicables a los trabajadores, colaboradores o proveedores cuando al término de una investigación se haya concluido que alguno de ellos haya obrado al menos con negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

30. Implementar el sistema de capacitación de los empleados y colaboradores de Grupo Aguas en los términos establecido en el título XIV de este modelo.

31. En caso de adquisición, fusión o absorción de empresas deberá certificar si los antecedentes proporcionados por la compañía que se transforma, fusiona, absorbe, divide o disuelve cumple con las exigencias de prevención establecida por la ley 20.393. Si dicha empresa no cuenta con un sistema de prevención el encargado de prevención de delitos deberá realizar la gestión de riesgo e informar a la administración de Grupo Aguas para que la tenga a la vista al aprobar la transformación, fusión, absorción, división o disolución.

32. Ser el responsable de llevar a cabo los diferentes sistemas de auditoría establecidos en el presente modelo, en los términos fijados en el título XVI del mismo.

33. Conservar los registros del diseño, implementación, revisión y auditoria del modelo de prevención de delitos. A su vez, y en caso que sea necesario, deberá definir los criterios que pudieren exigir proceder a la destrucción de parte de esta documentación.

34. Velar por la implementación efectiva del programa de prevención.

35. Velar por la permanente adecuación y actualización de los programas.

36. Velar porque los empleados estén adecuadamente entrenados y formados en las obligaciones legales orientadas a la prevención de los delitos.

37. Toda otra que sea conducente al estricto apego corporativo a las prescripciones del modelo de prevención de delitos.