Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393

La integridad es uno de los principios fundamentales que guían el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aguas. Así se establece en el Código Ético, que desaprueba la corrupción bajo todas sus formas.

En tal sentido, y dentro de la implementación de diversas políticas y procedimientos que integran el Sistema de Gestión Compliance del Grupo Aguas, se ha dispuesto la actualización de este Modelo de Prevención de Delitos conforme las disposiciones de la ley 20.393, el que ha implementado una forma de organización corporativa que busca evitar la comisión de los delitos referidos en la ley a través del cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión previstos en la ley N° 20.393, y así sirva de guía para la actuación de trabajadores y trabajadoras, orientándoles respecto de aquello que la compañía espera y exige de su comportamiento.

El presente modelo de prevención de delitos da cuenta de nuestro compromiso organizacional por evitar la comisión de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393, beneficien o no a la compañía. Por la misma razón, tiene por objeto garantizar que en caso de que alguno de nuestros trabajadores y trabajadoras cometan alguno de los delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y/o receptación, lo hará no solo en contradicción con nuestra cultura de integridad corporativa sino que además ello ocurrirá pese a los esfuerzos desplegados por la empresa para impedirlo.

Para conseguir estos objetivos y dar cumplimiento a los deberes de autorregulación, se ha dispuesto una organización y normativa de procesos que neutralice hasta donde sea posible el riesgo de comisión de los delitos a que se refiere la ley N° 20.393, contribuyendo a su prevención y detección oportuna.

En este sentido el Modelo de Prevención de Delitos no solo busca disuadir la comisión de delitos, sino muy especialmente dar cumplimiento a los deberes de dirección y supervisión que impone la ley N° 20.393. De este modo, para el diseño, implementación y control efectivo de este modelo, se ha realizado una identificación, cuantificación y control de los riesgos propios de nuestro giro y modo de operación. Este modelo contempla:

1. La designación de un encargado de prevención de delitos con medios y facultades para desarrollar su tarea;
2. Un sistema de prevención de delitos, junto a protocolos, reglas y procedimientos que permiten a las personas que intervienen en dichas actividades ejecutar sus funciones de una manera que prevenga la comisión de los delitos; y procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros de la empresa con este último objeto;
3. La existencia de sanciones administrativas internas, así como de procedimientos de denuncia e investigación, para quienes incumplan el sistema de prevención de delitos; y
4. Elementos de supervisión que aseguren la aplicación efectiva de modelo.

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) aplica para todas las sociedades que integran el Grupo Aguas¹ (Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue S.A., Gestión y Servicios S.A., Análisis Ambientales S.A., Ecoriles S.A. y Aguas del Maipo S.A.), y deberá observarse por todas las personas que forman parte de dichas sociedades en todos sus niveles ya sean dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y supervisión y en general quienes están bajo la dirección o supervisión de los anteriores (en adelante trabajadores y trabajadoras).

¹ A excepción de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL) que cuenta con su propio Modelo de Prevención de Delitos y Encargado de Prevención de Delitos.

Los documentos que complementan el Sistema de Gestión Compliance y que sirven de referencia para el Modelo de Prevención de Delitos, son entre otros:

1. Código Ético
2. Política de Compliance
3. Política Anticorrupción
4. Manual del Sistema de Gestión Anticorrupción
5. Procedimiento de Interacción con Funcionarios Públicos y Lobby
6. Procedimiento de Regalos, Invitaciones y Viajes
7. Procedimiento de Gestión de Conflicto de Intereses
8. Manual del Sistema de Gestión Anticorrupción
9. Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones
10. Política de Donaciones y Auspicios
11. Procedimiento del Comité de Donaciones
12. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

La ley N° 20.393 ha establecido un catálogo restringido de delitos que pueden generar responsabilidad penal corporativa. Ellos son el cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la receptación. Destinaremos a continuación un apartado a la explicación de las características fundamentales de estos delitos.

4.1 Cohecho

4.1.1 Cohecho a empleados y funcionarios públicos nacionales

Este delito está establecido en el artículo 250 del Código Penal². Sanciona a quien ofrezca o consienta en dar a un empleado un beneficio económico indebido para que este desarrolle u omita algunos actos propios del cargo, para que ejerza influencia sobre otro empleado público beneficiando a un tercero, o para que cometa ciertos delitos.

²Artículo 250.- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de este o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones.
Tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u omisiones del artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del beneficio consentido.
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido. En estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena superior por el crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta última.

El artículo 260 del Código Penal define quiénes son empleados públicos para estos efectos. La definición es bastante amplia, por lo que al analizar las zonas de riesgo de comisión del delito de cohecho se debe ser cuidadoso. El eje central de la definición legal es el desempeño de un cargo o función pública.

Se ha entendido en una primera aproximación que estamos frente a una persona que ostenta un "cargo público" cuando se le ha investido de un nombramiento o bien recibe una remuneración que proviene del Estado. Por ello no se presentan mayores dificultades a la hora de identificar zonas de riesgo donde existe relación con funcionarios públicos que posean formalmente un cargo público (ministros, parlamentarios, carabineros, inspectores, jueces, etc.) o en el caso de leyes que asignan directamente tal carácter. No ocurre lo mismo con la expresión "función pública", que genera numerosos problemas, ya que incorpora en el concepto de empleados públicos una infinidad de posiciones no cubiertas por la estricta regulación del Estatuto Administrativo. Es por ello que, en caso de duda, el criterio a adoptar será el de presumir la calidad de empleado público y desplegar en consecuencia las medidas de prevención contenidas en el presente modelo.

Conforme lo expuesto, la identificación de las zonas de riesgo de comisión del delito de cohecho no puede provenir de un análisis superfluo, ya que es posible que un trabajador o trabajadora del Grupo Aguas se esté vinculando con un empleado público sin que ello sea evidente, especialmente si se considera que el empleado público no recibe necesariamente una remuneración (puede cumplir una función ad honorem) o puede no pertenecer a la administración central (como el Banco del Estado, Correos de Chile, CODELCO y ENAP).

Por otro lado, si bien el delito de cohecho sanciona a quien ofrece o consiente en dar a un empleado público un beneficio económico, no es necesario que ese beneficio económico vaya en provecho del propio empleado público, sino que puede procurar el beneficio de un tercero. Además, basta con el mero ofrecimiento para que se cometa el delito, de modo que no es necesario que se haya efectivamente pagado, ni que se haya aceptado o recibido el beneficio económico (desde la perspectiva que aquí interesa, el delito se perfecciona sólo con el ofrecimiento de dar un beneficio económico).

El beneficio económico se ofrece, pide o concede para que el empleado público realice determinadas acciones o incurra en omisiones, pero es posible incluso que se lo acepte, pida o reciba antes o después de haber realizado dichas acciones u omisiones.

Para los efectos de este delito se entiende por beneficio económico cualquier retribución que reciba el empleado público, que aumente su patrimonio o impida su disminución, ya sea dinero, especies o cualquier otra cosa avaluable en dinero (descuentos, beneficios crediticios adicionales, becas, viajes, condonación de deudas, etc.).

Las acciones y omisiones que se esperan del empleado público se encuentran establecidas en los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, en los siguientes términos:

1. Ofrecer o consentir en dar más de lo que le es permitido recibir en razón de su cargo. Es el caso de algunos empleados públicos que están autorizados para cobrar sumas determinadas y preestablecidas de dinero por los servicios que prestan al público, pero que no pueden recibir más de lo que legalmente les corresponde. Basta que el empleado público pida directamente más de lo que le es permitido (en tal caso el delito lo comete el empleado público) o que alguien se lo ofrezca para que se cometa el delito de cohecho.
2. Ofrecer o consentir en dar un beneficio económico al empleado público, para sí o un tercero, para que realice una gestión propia de su servicio, pero que no forma parte de sus funciones.
3. Ofrecer o consentir en dar un beneficio económico al empleado público por haber dejado de hacer o para que deje de hacer algo a lo que está obligado en razón de su cargo o función.
4. Ofrecer o consentir en dar un beneficio económico al empleado público para que realice o por haber realizado un acto que infrinja o vaya en contra de los deberes de su cargo. La infracción también puede consistir en ejercer influencia en otro funcionario público para que este último realice un acto que beneficie a un tercero interesado.
5. Ofrecer o consentir en dar un beneficio económico al empleado público para que cometa crímenes o simples delitos de carácter funcionario en el ejercicio de su cargo, o delitos que atenten contra los derechos garantizados por la Constitución.

4.1.2 Cohecho a funcionarios públicos extranjeros

Este delito está establecido en el artículo 251 bis del Código Penal³. Exige, en términos generales, requisitos similares a los analizados para el cohecho anterior, con la salvedad de que en este caso el funcionario público debe servir a otro país o a un organismo internacional, y que el beneficio comprometido puede ser de naturaleza distinta a la económica.

El delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros se juzga por la justicia chilena aun cuando se haya perpetrado fuera del territorio nacional. Así lo dispone el artículo 6 N°2 del Código Orgánico de Tribunales, siempre que el delito se cometa por un chileno o por un extranjero con residencia habitual en Chile. En ambos casos podría generarse responsabilidad penal para la persona jurídica de la cual depende el particular.

No ocurre lo mismo si el particular comete el delito en el extranjero, y no es chileno ni residente habitual, pues en tal caso han de conocer del delito los tribunales extranjeros.

³Artículo 251 bis.- El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de este o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y, además, con las de multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales. De igual forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas.
El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, además de las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas.

4.2 Lavado de activos

El delito de lavado de activos está establecido en el artículo 27 de la ley 19.913⁴, que castiga:

1. A quienes de cualquier forma ocultan o disimulan el origen ilícito o prohibido de dineros o bienes a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita señalada en la ley. En tal caso es necesario el conocimiento de que los bienes de alguna manera provienen de la comisión de alguno de los delitos base establecidos en la ley.
2. A los que adquieren, poseen, tienen o usan, con ánimo de lucro, los bienes de origen ilícito siempre que al recibirlos se haya conocido su origen ilícito.
3. A quien incurre en cualesquiera de las conductas anteriores aun desconociendo el origen ilícito de los bienes, si el sujeto debió conocer dicha procedencia y por una falta de cuidado que le era exigible, no lo hizo. Se trata de la figura imprudente de lavado de activos, conforme la cual no solo se sanciona a quien tiene la intención directa de ocultar el origen ilícito de los bienes, sino que también a quien por falta de cuidado que le era exigible "permitió" que se llevara a cabo la conducta ilícita.

Para que se configure el lavado de activos, se requiere que los fondos que se ocultan, disimulan o mantienen, provengan de ciertas actividades ilícitas enumeradas en esa misma disposición y que por ello se les conoce como "delitos base".

⁴Artículo 27 ley N° 19.913: Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales:
a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo 10 de la ley N° 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley General de Bancos; en el artículo 168 en relación con el artículo 178, N° 1, ambos del decreto con fuerza de ley N° 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; en el inciso segundo del artículo 81 de la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual; en los artículos 59 y 64 de la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile; en el párrafo tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario; en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, N° 8, ambos en relación al inciso final del artículo 467 del Código Penal, o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes.
b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.
Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este artículo si los bienes provienen de un hecho realizado en el extranjero, que sea punible en su lugar de comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados en la letra a) precedente.
Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos.
Si el autor de alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo al inciso primero o final de este artículo será rebajada en dos grados.
La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo.
Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a esta.
En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b) no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a la ley.

Son delitos base de lavado de activos en nuestro ordenamiento los siguientes:

1. Aquellos establecidos en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.
2. Aquellos que constituyen conductas terroristas, descritos en la ley N° 18.314.
3. Algunos de la ley N° 17.798, sobre control de armas:
   1. Los que fabriquen, armen, transformen, importen, internen al país, exporten, transporten, almacenen, distribuyan, o celebren convenciones sin la autorización que establece la ley respecto de armas sujetas a control.
   2. Los que construyan, utilicen, acondicionen o posean las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba, almacenamiento o depósito de armas sujetas a control sin la autorización que exige la ley.
4. Los delitos de la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, pudiendo citarse entre ellos los siguientes:
   1. La entrega maliciosa de antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores y Seguros, a una bolsa de valores o al público en general;
   2. Las declaraciones maliciosamente falsas efectuadas por los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores de oferta pública en los respectivos procesos de prospecto, emisión y divulgación;
   3. Los que hicieren oferta pública de valores sin cumplir con los requisitos legales de inscripción;
   4. Los que usaren deliberadamente información privilegiada:
   5. El que valiéndose de información privilegiada ejecute un acto con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros;
   6. El que revele información privilegiada, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros;
   7. Las personas que con el objeto de inducir a error en el mercado difundieren noticias falsas o tendenciosas;
   8. Efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios; y
   9. Efectuar cotizaciones o transacciones ficticias.
5. Los delitos establecidos en la Ley General de Bancos, varios de los cuales se aplican solo a personal de instituciones bancarias y financieras, salvo el de su artículo 160 que castiga al que obtuviere créditos de instituciones de crédito suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución.
6. El delito de contrabando, del artículo 168 en relación con el artículo 178, N° 1, ambos de la Ordenanza de Aduanas, que comete quien introduce o extrae del territorio nacional mercancías cuya importación o exportación estén prohibidas, o que evada los tributos que le correspondan o mediante la no presentación de mercancías a la Aduana, o que introduzca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes o al resto del país.
7. El del inciso segundo del artículo 81 de la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, que castiga al que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al país, tenga o adquiera para su distribución comercial copias de obras, de interpretaciones o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de las normas sobre propiedad intelectual.
8. Los de los artículos 59 y 64 de la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, referidos en general a la fabricación y circulación de billetes falsos, y a las falsedades documentales ante el Banco Central.
9. El del párrafo tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario, esto es, la obtención maliciosa de devoluciones de impuestos.
10. Delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, cohecho, secuestro y sustracción de menores, producción y distribución de material pornográfico con utilización de menores de edad, tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas, y estafas y fraude de subvenciones, todos establecidos en el Código Penal.

4.3 Financiamiento del terrorismo

En nuestro país el financiamiento del terrorismo está establecido en el artículo 8° de la ley N° 18.314⁵ y castiga a quienes de cualquier forma solicitan, recaudan o proveen fondos con la finalidad de que se utilicen para cometer los delitos terroristas establecidos en la ley.

Los siguientes delitos se califican como terroristas cuando se han perpetrado para intimidar a la población o conseguir del gobierno alguna decisión:

1. El homicidio calificado, las mutilaciones, lesiones graves y graves gravísimas, el secuestro, la sustracción de menores, el envío de cartas o encomiendas explosivas, el incendio y otros estragos, las infracciones en contra de la salud pública y el descarrilamiento.
2. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público que esté en servicio o la realización de actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud pública de sus pasajeros o tripulantes.
3. Atentar en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe de Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas en razón de su cargo.
4. Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.
5. También la asociación ilícita para la comisión de los delitos antes mencionados.

Los delitos antes mencionados se consideran terroristas cuando el hecho se comete con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se comete para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

⁵Artículo 8° ley N° 18.314: El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.

4.4 Receptación

Este delito, establecido en el artículo 456 bis A del Código Penal⁶, contempla variadas formas de comisión: tener, transportar, comprar, vender, transformar o comercializar especies provenientes de algunos delitos contra la propiedad. Todas estas acciones tienen en común el aprovechamiento directo de las especies sustraídas o apropiadas, y/o el permitir o facilitar al autor de dichos delitos el aprovechamiento de lo que obtuvo con su delito.

Las especies receptadas son aquellas provenientes de los siguientes delitos contra la propiedad:

1. Hurto: que consiste en apropiarse, sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, de una cosa mueble ajena. Cosa mueble es aquella que puede transportarse o ser transportada de un lugar a otro.
2. Robo: que también es la apropiación, sin voluntad del dueño y con ánimo de lucro, de una cosa mueble ajena, pero ejerciendo violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas.
3. Abigeato: que es el robo o hurto de ciertos animales o de partes de estos.
4. Apropiación indebida: que es la apropiación en perjuicio de otro de valores que se hubiesen recibido con obligación de entregarlos o devolverlos.

Solo se puede castigar a una persona por receptación cuando haya estado en conocimiento de que las especies provienen de un delito. Pero como ello puede ser difícil de demostrar, también hay receptación si una persona no pudo menos que conocer el origen ilícito del bien que tiene o adquiere.

⁶Artículo 456 bis A.- El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales.
Para la determinación de la pena aplicable el tribunal tendrá especialmente en cuenta el valor de las especies, así como la gravedad del delito en que se obtuvieron, si éste era conocido por el autor.
Cuando el objeto de la receptación sean vehículos motorizados o cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales. La sentencia condenatoria por delitos de este inciso dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos o para transformar o transportar los elementos sustraídos. Si dichos elementos son almacenados, ocultados o transformados en algún establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se podrá decretar, además, la clausura definitiva de dicho establecimiento, oficiándose a la autoridad competente.
Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero, cuando el autor haya incurrido en reiteración de esos hechos o sea reincidente en ellos. En los casos de reiteración o reincidencia en la receptación de los objetos señalados en el inciso precedente, se aplicará la pena privativa de libertad allí establecida, aumentada en un grado.
Tratándose del delito de abigeato la multa establecida en el inciso primero será de setenta y cinco a cien unidades tributarias mensuales y el juez podrá disponer la clausura definitiva del establecimiento.
Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de la pena o el máximum de la pena que corresponda en cada caso.

El riesgo al que se exponen las empresas del Grupo Aguas nace necesariamente de las actividades realizadas por las personas naturales identificadas en la ley (dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y supervisión y en general de quienes están bajo la dirección o supervisión de los anteriores).

El Grupo Aguas cuenta con procesos de detección y evaluación de los riesgos de incurrir en conductas de incumplimiento, así como controles que mitigan dichos riesgos. Todo ello se encuentra materializado en una Matriz de Riesgos Compliance, la cual debe ser revisada y actualizada a lo menos anualmente por el Compliance Officer, (quien es a su vez Encargado de Prevención de Delitos) a fin de recoger las modificaciones que vaya experimentando la empresa y su entorno, y de evaluar periódicamente la eficacia y vigencia de los controles.

Sobre la base de los riesgos identificados, el Grupo Aguas utiliza las siguientes estrategias para incorporar medidas preventivas a sus actividades diarias:

1. Establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que intervengan en las actividades o procesos que importen riesgo de comisión de los delitos de la ley 20.393, programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga su comisión.
2. Redacción, revisión y mejora continua de políticas internas y procedimientos internos. Estos documentos sirven de guía a los trabajadores y trabajadoras a la hora de poner en práctica los principios de conducta que el Grupo Aguas ha definido. Al fijar estándares y normas claras, nuestras políticas ayudan a los empleados a cumplir con sus responsabilidades laborales de conformidad con la legislación y normativa interna aplicable, y de esta forma prevenir potenciales incumplimientos y violaciones a la ley.
3. Capacitación y difusión permanente.
4. Establecimiento de procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan a la entidad prevenir su utilización en los delitos ya señalados.
5. Revisión periódica de la matriz de riesgos, políticas y procedimientos.

El presente apartado del modelo de prevención de delitos del Grupo Aguas pretende fijar normas de conducta para prevenir la comisión de los delitos objeto de la ley N° 20.393 por parte de los cargos expuestos a ello, previamente identificados en la gestión de riesgos.

6.1 Medidas preventivas del delito de cohecho

1. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política Anticorrupción.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Relacionamiento con Funcionarios Públicos y Lobby.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Regalos, Invitaciones y Viajes.
4. Dar cumplimiento al Procedimiento de Gestión de Conflicto de Intereses.
5. Dar cumplimiento a la Política de Compras.
6. Dar cumplimiento a la Política de Relación Responsable con Proveedores.
7. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios Nacionales.
8. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios Internacionales.
9. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Licitaciones.
10. Incorporar en los contratos con proveedores y contratistas, salvo que se trate de contratos de adhesión no modificables por Grupo Aguas, una cláusula relativa a la ley 20.393. Respecto de aquellos proveedores con los que la compañía no tenga contratos, se incluirá en las órdenes de compra o se enviará por mail solicitando su conformidad a esta.
11. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Fondos de Rendición Inmediata.
12. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Fondo Fijo Rotatorio.

6.2 Medidas preventivas del delito de lavado de activos

1. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política Anticorrupción.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Relacionamiento con Funcionarios Públicos y Lobby.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Regalos, Invitaciones y Viajes.
4. Dar cumplimiento al Procedimiento de Gestión de Conflicto de Intereses.
5. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Inversiones.
6. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Compras.
7. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Licitaciones.
8. Incorporar en los contratos con proveedores y contratistas, salvo que se trate de contratos de adhesión no modificables por Grupo Aguas, una cláusula relativa a la ley 20.393. Respecto de aquellos proveedores con los que la compañía no tenga contratos, se incluirá en las órdenes de compra o se enviará por mail solicitando su conformidad a esta.
9. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Auspicios y Donaciones y el Procedimiento del Comité de Auspicios y Donaciones.
10. Dar cumplimiento al Procedimiento de Gestión de Venta de Inmuebles Declarados Prescindibles.
11. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Fondos Concursables.

6.3 Medidas preventivas del delito de financiamiento del terrorismo

1. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política Anticorrupción.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Relacionamiento con Funcionarios Públicos y Lobby.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Regalos, Invitaciones y Viajes.
4. Dar cumplimiento al Procedimiento de Gestión de Conflicto de Intereses.
5. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Auspicios y Donaciones y el Procedimiento del Comité de Donaciones.
6. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Fondos Concursables.
7. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Fondos de Rendición Inmediata.
8. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Fondo Fijo Rotatorio.
9. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Liberación de pagos.
10. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Crédito y el protocolo de atención a clientes.
11. Incorporar en los contratos con proveedores y contratistas, salvo que se trate de contratos de adhesión no modificables por Grupo Aguas, una cláusula relativa a la ley 20.393. Respecto de aquellos proveedores con los que la compañía no tenga contratos, se incluirá en las órdenes de compra o se enviará por mail solicitando su conformidad a esta.
12. Dar cumplimiento al Procedimiento de Gestión de Venta de Inmuebles Declarados Prescindibles.

6.4 Medidas preventivas del delito de receptación

1. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política Anticorrupción.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Relacionamiento con Funcionarios Públicos y Lobby.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Regalos, Invitaciones y Viajes.
4. Dar cumplimiento al Procedimiento de Gestión de Conflicto de Intereses.
5. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Compras.
6. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios Nacionales.
7. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios Internacionales.
8. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Licitaciones.
9. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Política de Relacionamiento Responsable con Proveedores.
10. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Fondos de Rendición Inmediata.
11. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Fondo Fijo Rotatorio.
12. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Estrategias de Liberación de Compras.
13. Evaluar servicios críticos a través de sistema REPRO – Achilles.
14. Incorporar en los contratos con proveedores y contratistas, salvo que se trate de contratos de adhesión no modificables por Grupo Aguas, una cláusula relativa a la ley 20.393. Respecto de aquellos proveedores con los que la compañía no tenga contratos, se incluirá en las órdenes de compra o se enviará por mail solicitando su conformidad a esta.

7.1 Procedimientos de Administración y Auditoría de los Recursos Financieros del Grupo Aguas.

Independiente de las medidas específicas que se proponen en este modelo de prevención de delitos para evitar la comisión de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393, el Grupo Aguas debe contar con procedimientos de administración y auditoría que aseguren la óptima utilización y resguardo de sus recursos financieros.

La identificación de dichos procedimientos, exigida expresamente por el artículo 4°, N° 3, letra c, de la Ley N° 20.393, es de esta forma complementaria y concordante con el propósito de prevenir delitos, tomando en cuenta que, ya sea como objeto material directo o como medio que facilite su comisión, los recursos financieros de la empresa tienen un rol central en la dinámica comisiva de los delitos de cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación.

La compañía ha implementado diversos controles en los procesos internos que administran y registran las transacciones financieras que se llevan a cabo en la compañía.

Entre otras cosas, Grupo Aguas trabaja con el sistema SAP, en el cual se registran todas las transacciones. Además se ha definido una separación de deberes, en el sentido de que siempre se requiere que la persona que solicita y la persona que aprueba una solicitud de compra o de pago deban ser distintas y con la autoridad exigida por el sistema en función de los montos involucrados. Toda autorización exige la presentación de suficientes respaldos que acrediten la solicitud. Y periódicamente se realizan auditorías tanto internas como externas para detectar cualquier anomalía.

Estos y otros controles se encuentran descritos en las Políticas y los Procedimientos que regulan cada proceso, tales como la Política de Inversiones, la Política de Compras, el Procedimiento de Licitaciones, el Procedimiento de Estrategia de Liberación, la Política de Recepción de Cuentas por Pagar, el Procedimiento de Fondo fijo Rotatorio, el Procedimiento de Fondos de Rendición Inmediata y Reembolsos, el Procedimiento de Órdenes de Pago, entre otros.

Por su parte, en lo que a auditoría de recursos financieros se refiere, Grupo Aguas cuenta con dos tipos de auditoría: una interna, realizada por una unidad especial de la empresa, conforme a un plan anual que va a determinar las áreas y procesos que se van a revisar, y otra externa, definida por la Ley de Sociedades Anónimas y la normativa emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, que se va a realizar por auditores externos aprobados en Junta Ordinaria de Accionistas, la que aprueba de igual forma los estados financieros de la empresa.

7.2 Cláusula contrato de trabajo.

El contrato de trabajo, sea temporal o indefinido, de todo empleado del Grupo Aguas contendrá una cláusula que diga relación con la ley 20.393.

7.3 El Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Cada una de las empresas que conforma Grupo Aguas cuenta con su propio Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el que cuenta con una cláusula denominada “Aplicación de la ley N° 20.393”.

7.4 Cláusula para proveedores.

La cláusula de proveedores deberá ser firmada por todos quienes presten servicios o provean de bienes al Grupo Aguas.

La cláusula de proveedores deberá contener al menos las siguientes menciones:

1. Obligación de actuar conforme la ley y código de ética.
2. Declaración de conocimiento de que el Grupo Aguas cuenta con un modelo de prevención de delitos.
3. Prohibición de cometer los delitos de la ley 20.393.
4. Declaración de contar con un modelo de prevención de delitos o, al menos, de haber adoptado medidas para prevenir delitos.
5. Obligación de no comprometer la responsabilidad penal de la empresa.
6. Obligación de dar noticia de hechos que pudiesen comprometer la responsabilidad penal de la empresa.
7. Obligación de entregar información en el contexto de investigaciones internas seguidas en el contexto del modelo.
8. Sanciones.

7.5 Mecanismos de comunicación del sistema de prevención de delitos.

Para una eficaz implementación del modelo de prevención de delitos, es fundamental que todos los trabajadores y trabajadoras conozcan los alcances de la ley N° 20.393 y conozca el contenido y alcance del sistema de prevención existente, sus controles y sus procedimientos. Asimismo, es también fundamental que todos los trabajadores y trabajadoras comprometan su adhesión a dicho documento.

Con el fin de asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aguas estén debidamente informados sobre esto, además de las disposiciones incorporadas a sus contratos de trabajo y Reglamento Interno, se ha dispuesto lo siguiente:

1. Intranet. La información relacionada al sistema de prevención de delitos estará disponible para todos los trabajadores y trabajadoras en la intranet de la empresa.
2. Compromiso. Todo el personal firmará la recepción del Reglamento Interno y una cláusula o anexo de contrato que hacen referencia al modelo de prevención de delitos.
3. Capacitación. Se dispondrá para efectos de la capacitación de un programa sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y del sistema de prevención de delitos del Grupo Aguas que se impartirá por la vía que se estime más expedita y accesible.

7.6 Procedimiento de denuncias

La compañía cuenta con un Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones. El que se funda en cuatro pilares o principios fundamentales: expedición, confidencialidad, responsabilidad y eficacia. Es para el Grupo Aguas fundamental contar con un mecanismo de denuncia que permita a sus trabajadores, proveedores y terceros cumplir con sus obligaciones de denuncia en caso de tener noticia o sospecha de la comisión de cualquier hecho constitutivo de delito, incluso si se trata de delitos no contenidos en el modelo de prevención de delitos diseñado de conformidad con la ley 20.393.

Las situaciones que deben denunciarse, la forma en que se deben realizar las denuncias, así como el procedimiento que deberá seguirse para llevar a cabo las investigaciones que surjan a partir de dichas denuncias, se encuentran regulados en el Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones del Grupo Aguas.

7.7 Sanciones

El presente modelo de prevención de delitos contempla sanciones para trabajadores, buscando el cumplimiento efectivo del modelo de prevención y el afianzamiento de una cultura corporativa alejada de la comisión de delitos.

El presente modelo contempla sanciones que se han incorporado como mecanismo de motivación para trabajadores y proveedores y que buscan el cumplimiento efectivo del modelo de prevención de delitos y el afianzamiento de una cultura corporativa alejada de la comisión de delitos.

Las sanciones establecidas respecto de trabajadores y colaboradores se han establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y han sido aceptadas y reconocidas por ellos a través de la suscripción de los documentos correspondientes. Se entiende que hay una infracción sancionable en aquellos casos en que el trabajador o proveedor ha incumplido sus obligaciones de vigilancia, denuncia, capacitación o cualquiera otra establecida en el modelo de prevención de delitos. Dichas sanciones podrán ser las siguientes:

1. Amonestación verbal
2. Amonestación escrita
3. Terminación del contrato de trabajo

Respecto de los proveedores, que han aceptado estas obligaciones en análogos términos, las sanciones por el incumplimiento al presente modelo o de sus deberes de supervisión o denuncia o por falta de información oportuna al Grupo Aguas en el marco de las investigaciones internas serán:

1. Censura por escrito comunicada a la administración del proveedor
2. Terminación del contrato con el proveedor en caso de faltas graves o reiteradas
3. Otras establecidas en bases de licitación y contratos

Las sanciones serán impuestas por la administración de Grupo Aguas a proposición del encargado de prevención de delitos y siempre luego del término de una investigación y en que se estime que el trabajador o trabajadora, o proveedor ha obrado al menos con negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Estas sanciones son sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponder.

7.8 Capacitaciones.

Inicialmente se realizarán capacitaciones al personal con mayor exposición al riesgo de comisión de delitos, manteniendo el Compliance Officer los registros y respaldos de cada capacitación. Posteriormente, se planificarán capacitaciones que permitan otorgar conocimientos suficientes a todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aguas en estas materias.

En la misma línea, los trabajadores y trabajadoras que se incorporen a Grupo Aguas deberán tomar parte en una inducción, la cual contendrá conocimientos básicos acerca del sistema de prevención de delitos y otras materias relacionadas.

Las capacitaciones se podrán realizar tanto de manera presencial como de manera virtual. Las capacitaciones que se realicen, cualquier sea su formato, implicarán la realización de un test de conocimientos que deberá ser aprobado. Cada trabajador deberá realizar capacitaciones o entrenamiento en estas materias a lo menos cada dos años, o cuando los cambios en el sistema de prevención de delitos lo ameriten. Para ello, el Compliance Officer, en conjunto con la Gerencia de Personas y Ambiente de Trabajo, prepararán un Plan anual de capacitación y comunicaciones, el que será actualizado a lo menos anualmente.

7.9 Auditoría para la adquisición, fusión o absorción de empresas

En virtud de la transmisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en el artículo 18 de la ley 20.393 en caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución de común acuerdo en las personas jurídicas resultantes, el Grupo Aguas aplicará un modelo de auditoría que se haga cargo de los riesgos de responsabilidad que se le pueden generar por su participación en esos procesos.

Para tales efectos, el Encargado de Prevención deberá certificar si los antecedentes proporcionados por la persona jurídica que se transforma, fusiona, absorbe o divide cumple con las exigencias de prevención establecidas por la ley 20.393, plasmadas en el presente modelo de prevención. No será exigencia para ello que la referida persona jurídica cuente con un modelo de prevención, sino que será suficiente con que haya adoptado medidas suficientes para prevenir la comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación o pueda acreditar razonablemente que sus procesos no entrañan riesgos relevantes de comisión de ellos.

Especialmente deberá para ello revisar la gestión de riesgos corporativos que presente la persona jurídica y las medidas de neutralización que se hayan implementado. Del mismo modo, deberá verificar la difusión de sus mecanismos de prevención, tanto a través de sus contratos de trabajo, reglamento interno y las capacitaciones que se hayan realizado.

7.10 Sobre la auditoría del modelo de prevención

El presente modelo de prevención se ha estructurado sobre la base de una identificación de riesgos que es dinámica. Ello exige que la eficacia de sus disposiciones y medidas vaya revisándose sistemáticamente de modo de establecer un proceso de aprendizaje que permita mantenerlo acoplado a las necesidades de prevención.

Precisamente por esto, se establece un procedimiento de auditoría permanente del modelo, que será responsabilidad del Encargado de Prevención y que tendrá dos sistemas, una auditoría sistemática o permanente y una auditoría aleatoria o episódica. Esto permitirá detectar y corregir fallas tanto en su diseño como en su implementación, ayudando de esta forma a actualizarlo de acuerdo a los eventuales cambios de circunstancias o contexto del Grupo Aguas.

Las auditorías deben contener la revisión efectiva de los mecanismos implementados, su forma de funcionamiento y de adaptación a las necesidades de cada una de las divisiones corporativas. Para estos efectos, el Encargado de Prevención determinará el procedimiento con que se realizarán dichas auditorías.

7.11 Política de conservación de registros

Todos los registros del diseño, implementación, revisión y auditoría del modelo de prevención serán conservados por el Encargado de Prevención, al menos, durante un plazo de 10 años. Esta documentación de los análisis efectuados al momento de construir el modelo, implementarlo, así como construir y operar sus modelos de auditoría, son demostración del esfuerzo sistemático y de buena fe de su sistema de prevención y de su auditoría.

Si las necesidades exigieran proceder a la destrucción de parte de esa documentación, ello debe llevarse a cabo de un modo sistemático y con criterios previamente definidos por el Encargado de Prevención, aprobados por el directorio. La desaparición o destrucción de todo o parte de esos registros fuera de estos criterios preestablecidos, se estimará un incumplimiento grave de sus deberes.

Esta información estará disposición de las autoridades del Ministerio Público cuando fuera requerida y el interlocutor directo con ellas y administrador autónomo de tal información será el Encargado de Prevención.

7.12 Reporte de Incumplimiento

Cualquier trabajador o trabajadora que sea testigo de un incumplimiento a lo establecido en el presente Modelo de Prevención de Delitos, debe informarlo a través del Canal de Denuncias del Grupo Aguas disponible en Aquanet y en la página web de la compañía, o dirigiéndose directamente al Compliance Officer.

El encargado de prevención de delitos es el funcionario especialmente designado por los Directorios del Grupo Aguas para el diseño, implementación y control del modelo de prevención de delitos conforme lo dispone la ley N° 20.393. En el Grupo Aguas, dicha función recae en el Compliance Officer.

Será responsabilidad del Encargado de Prevención actualizar periódicamente el modelo de prevención de delitos, tanto en lo que se refiere a la incorporación de nuevos riesgos y/o la modificación de los actualmente identificados, como respecto de las medidas que los previenen. Lo anterior, asegurando el adecuado conocimiento y cumplimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aguas.

La duración del ejercicio del cargo de encargado de prevención de delitos será definida por la alta dirección. Ahora bien, y en cumplimiento de la ley, no podrá mantenerse más de tres años en sus funciones, período que será prorrogable por otros de igual duración.

Para los efectos del presente Modelo de Prevención de Delitos, el Compliance Officer reportará funcionalmente al Directorio de la compañía y contará con autonomía orgánica y presupuestaria de la administración. De este modo y para asegurar su adecuada autonomía:

1. Se le mantendrá indemne frente a cualquier conflicto de intereses que pueda afectar el incumplimiento de sus funciones.
2. Tendrá acceso directo a la administración del Grupo Aguas para informarla oportunamente por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados.
3. Contará con los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la empresa, lo que se expresará en un presupuesto anual que le permita cumplir con sus funciones.

Adicionalmente, dentro de sus tareas el Compliance Officer llevará un registro confidencial que contendrá:

1. Todas las denuncias recibidas, sea por conductos informales o a través del canal de denuncias.
2. Todas las investigaciones realizadas con sus respectivos antecedentes y resultados.
3. Registro de los intercambios de información con el Ministerio Público.

En síntesis y de acuerdo a lo establecido a lo largo del modelo de prevención de delitos, las obligaciones del encargado de prevención de delitos consisten en:

1. Comunicar a los empleados de Grupo Aguas que se ha implementado un sistema de prevención de delitos. En atención a lo anterior, deberá ingresar a la intranet de la compañía la información relativa al sistema de prevención, velar por que todo el personal firme el documento que acredita que recibió el Reglamento Interno, disponer de un programa de capacitación de la ley 20.393 y en general velar por la comunicación del sistema de prevención de delitos.
2. Recibir y proceder a la investigación de las denuncias presentadas por los trabajadores y trabajadoras, proveedores y terceros externos al Grupo Aguas.
3. Aun cuando no medie una denuncia, iniciar de oficio o por disposición de la administración de la compañía alguna investigación cuando tomen conocimiento de alguna situación que lo amerite, de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento de Denuncias, Investigación y Sanciones.
4. Denunciar a la fiscalía correspondiente e informar a la Unidad de Análisis Financiero cuando corresponda, aquellos hechos que luego de ser investigados se concluya que son delictuales o exista una sospecha fundamentada de violación a la ley 20.393.
5. Implementar el sistema de capacitación de los empleados y colaboradores de Grupo Aguas.
6. Conservar los registros del diseño, implementación, revisión y auditoria del modelo de prevención de delitos.
7. Establecer, en conjunto con la Administración de la Persona Jurídica, métodos para la aplicación efectiva del modelo de prevención de los delitos y su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas
8. Actualizar el modelo de prevención de delitos de acuerdo al cambio de circunstancias de la empresa.
9. Rendir cuenta y reportar a lo menos semestralmente al directorio y al Comité de Integridad y Cumplimiento acerca de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido.
10. Toda otra que sea conducente al estricto apego corporativo a las prescripciones del modelo de prevención de delitos.

El Compliance Officer será el encargado de velar por el cumplimiento del presente Modelo de Prevención de Delitos, y reportará a lo menos semestralmente al Directorio y al Comité de Integridad y Cumplimiento de dicho cumplimiento en su reporte periódico a la alta dirección.

Se ha dispuesto en la intranet y vía correo electrónico ([email protected]) un canal de comunicación interno a disposición de todos los trabajadores para atender y resolver dudas sobre la aplicación de este procedimiento.